El alegato de la defensora Mariana Barbitta en el juicio de Leonardo Airaldi expone con crudeza una tensión que atraviesa al sistema judicial argentino: ¿hasta qué punto las investigaciones penales se sostienen en pruebas sólidas y verificables, y cuándo se transforman en construcciones basadas en presunciones y relatos indirectos?
La defensa ha señalado la ausencia de pruebas materiales —sin drogas secuestradas, sin avionetas, sin combustible, sin testigos directos— y ha cuestionado la cadena de custodia de las escuchas telefónicas, además de denunciar un direccionamiento inicial de la investigación basado en información mediática. Todo ello, según Barbitta, vulnera principios esenciales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial.
El pedido de absolución se apoya en el principio in dubio pro reo, que obliga a los jueces a fallar en favor del acusado cuando la certeza no es apodíctica. Sin embargo, la defensora advierte que la práctica judicial muchas veces tiende a justificar la prisión preventiva con condenas, lo que abre un debate profundo sobre la relación entre detención y sentencia.
El veredicto previsto para el 13 de agosto será más que una decisión sobre un individuo: será una prueba de fuego para la credibilidad del sistema judicial. Si se condena sin pruebas concretas, se corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana en la justicia. Si se absuelve, se reafirmará que la libertad no puede ser restringida por meras sospechas.
En definitiva, el caso Airaldi obliga a reflexionar sobre el valor de la certeza en los procesos penales y sobre la necesidad de que las condenas se basen en pruebas verificables, no en “dichos de dichos”. La justicia, para ser tal, debe sostenerse en hechos, no en conjeturas.
