La fiebre amarilla vuelve a golpear con fuerza en 2025. Los 235 casos confirmados y 96 muertes en apenas cinco meses no son solo cifras frías: son vidas truncadas, familias desbordadas y comunidades que reviven viejos fantasmas. El virus, que parecía confinado al Amazonas, se expande hacia zonas urbanas y rurales, recordándonos que la salud pública no admite fronteras ni descuidos.
La vacunación es la herramienta más eficaz, pero también el espejo de nuestras contradicciones. ¿Cómo puede ser que, con una vacuna segura y disponible, todavía haya resistencia, negligencia o burocracia que impida su acceso? La fiebre amarilla desnuda las fragilidades institucionales: campañas que se lanzan tarde, controles que se relajan, viajeros que minimizan riesgos.
No se trata solo de proteger al turista que cruza fronteras con su certificado amarillo en la mano. Se trata de defender la dignidad rural y urbana, de garantizar que quienes viven en las zonas de riesgo no sean ciudadanos de segunda categoría. La OPS advierte, pero los gobiernos deben actuar: reforzar la vacunación, transparentar datos, y evitar que la desinformación se convierta en cómplice del virus.
La fiebre amarilla nos recuerda que la memoria sanitaria es corta y la indiferencia, peligrosa. Cada brote es un llamado a la responsabilidad colectiva: vacunarse no es un acto individual, es un compromiso con la comunidad.
En tiempos de movilidad global, la vacuna es más que un requisito de viaje: es un pacto de solidaridad. Porque la salud no se negocia, y la prevención no puede esperar a que el virus toque la puerta de las grandes ciudades.
