El Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ser el fruto de un acuerdo social: sindicatos, empresarios y Estado sentados en una mesa, discutiendo con seriedad cómo garantizar un piso digno para millones de trabajadores. Sin embargo, la última reunión del Consejo del Salario terminó como tantas otras: sin consenso, sin puentes, y con un decreto que reemplaza el diálogo por la imposición.
El Ejecutivo oficializó las subas hasta agosto, pero lo que queda en evidencia es la fragilidad del mecanismo institucional. El salario mínimo, que debería ser “vital y móvil”, se convierte en un número fijado desde arriba, sin el respaldo de quienes deberían sostenerlo en la práctica. La paradoja es cruel: lo vital se discute sin acuerdo, lo móvil se ajusta por decreto, y lo mínimo sigue siendo insuficiente frente a la inflación que devora cada cifra.
La política del decreto es, en el fondo, un síntoma. Muestra que el diálogo social está roto, que las mesas de negociación se han vaciado de poder real, y que los trabajadores terminan dependiendo de decisiones unilaterales. El salario mínimo deja de ser un pacto colectivo y se transforma en un símbolo administrado desde el Estado.
En un país donde la inflación convierte cada aumento en un espejismo, el salario mínimo es más un gesto que una garantía. Y ese gesto, una vez más, se decide sin consenso.
