Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York podría tomar una decisión que marcará un antes y un después en la historia judicial, económica y política de la Argentina. Diez años después de iniciada la causa por la expropiación de YPF en 2012, el país enfrenta una sentencia que podría costarle más de 16.000 millones de dólares, y que pone en juego el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
La jueza Loretta Preska ya dictaminó que ese paquete accionario debe ser entregado como forma de pago por lo que definió como una “expropiación mal realizada” durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la Corte debe resolver si mantiene en suspenso esa orden, si obliga a ejecutar el traspaso, o si permite que el Estado argentino ofrezca otros activos en reemplazo.
Tres caminos, ninguna salida fácil
Las opciones sobre la mesa son todas complejas:
1. Suspensión de la ejecución: Si la Corte concede la cautelar solicitada por Argentina, se mantendría en pausa el traspaso de acciones. Esto abriría una nueva instancia para discutir el fondo del fallo, pero no elimina el riesgo ni el monto.
2. Ejecución directa: Si se niega la cautelar, Preska podría ordenar la entrega inmediata de las acciones. Aunque Burford Capital —el fondo que financia a los demandantes— anticipó que no las liquidará “como gesto de buena fe”, el daño reputacional y financiero sería inmediato.
3. Pago alternativo: La Corte podría aceptar la suspensión, pero exigir que Argentina ofrezca otros activos equivalentes, como bonos soberanos. Esto implicaría una reestructuración forzada de deuda, en medio de una economía que ya tambalea.
Un juicio que expone las grietas del Estado
Más allá del fallo, lo que este caso revela es la precariedad institucional con la que se manejan decisiones estratégicas en Argentina. La expropiación de YPF fue celebrada como un acto de soberanía energética, pero ejecutada sin cumplir los requisitos legales del estatuto de la empresa. Esa omisión —que parecía menor en el fragor político de 2012— hoy se traduce en una condena multimillonaria.
El juicio también expone la vulnerabilidad del país frente a fondos buitre y litigios internacionales. Burford Capital compró los derechos de litigio por apenas 15 millones de dólares, y hoy podría cobrar más de mil veces esa cifra. Es el negocio perfecto, pero también el síntoma de un Estado que no protege sus decisiones estratégicas con rigor jurídico.
¿Y ahora qué?
Si la Corte de Nueva York no concede la suspensión total, Argentina enfrentará una ejecución que podría afectar no solo a YPF, sino a su credibilidad financiera global. Si se concede, el país gana tiempo, pero no resuelve el problema. En cualquier escenario, el daño ya está hecho: la causa judicial se convirtió en un símbolo de cómo la política de gestos puede terminar en tragedia económica.
El gobierno de Milei, que llegó con la promesa de “ordenar las cuentas” y “terminar con la casta”, ahora debe enfrentar las consecuencias de una decisión tomada por esa misma casta hace más de una década. Y lo hace en un contexto donde cada dólar cuenta, y cada fallo judicial puede desestabilizar aún más una economía que ya camina por la cornisa.
