El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos presentó formalmente ante el Ministerio Público Fiscal un escrito en el que advierte la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y miembros de su gabinete. La denuncia se vincula con la compra de maquinaria pesada con presuntos sobreprecios, operación realizada en 2013.
Según el organismo de control, la Municipalidad adquirió de manera directa una cargadora frontal y una retroexcavadora con valores que excedían los precios de mercado. La responsabilidad por el perjuicio a la hacienda pública fue atribuida a los entonces funcionarios Adolfo Zenón Ortiz, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez, además del propio Rossi, quien continúa ejerciendo la intendencia.
En diciembre de 2022, casi una década después de la operación, el Tribunal remitió las actuaciones al municipio para que iniciara las gestiones judiciales necesarias con el fin de recuperar el monto del daño. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo comunicó que no impulsaría ninguna acción.
Ante la falta de avances, el 5 de febrero de 2025 se iniciaron nuevas actuaciones para verificar el destino de los trámites y se libraron oficios solicitando precisiones sobre el resarcimiento. Los plazos vencieron sin respuesta oficial. Desde la asesoría jurídica del Tribunal se subrayó un conflicto de intereses evidente: Rossi, señalado como responsable del perjuicio, era al mismo tiempo quien debía promover la demanda de recupero, situación que —según el organismo— exigía su excusación.
La presentación ante el Ministerio Público Fiscal se fundamenta en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes y el abuso de autoridad. El próximo paso será determinar si se inicia una investigación penal preparatoria.
Otras cuentas pendientes
El intendente Rossi enfrenta además otro expediente en el Ministerio Público Fiscal. Se trata de una denuncia pública realizada en 2025 por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Santa Elena, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que el municipio recibió de Nación en octubre de 2023 para el Parque Industrial. Según la acusación, esos fondos no habrían sido destinados al proyecto. Rossi ya debió designar abogado en esa causa.
Impacto institucional
La situación compromete la transparencia de la gestión municipal y abre un debate sobre los mecanismos de control en las administraciones locales. El caso expone la fragilidad de los procedimientos de recupero de fondos públicos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad política de quienes deben garantizar la correcta utilización de los recursos.
La incógnita que se instala es clara: ¿avanzará la Justicia en una investigación penal que determine responsabilidades concretas, o quedará este episodio como una nueva deuda pendiente en la rendición de cuentas de Santa Elena?
