Brian David Guevara, expolicía de 28 años, fue condenado a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para conducir por haber causado la muerte de Néstor Javier Nieva (43) en un accidente vial ocurrido en el Acceso Sur. El fallo, dictado en juicio abreviado, reconoció los delitos de homicidio simple con dolo eventual y quebrantamiento de inhabilitación judicialmente impuesta.
El hecho ocurrió el 7 de julio de 2022, cuando Guevara, con 2,79 gramos de alcohol en sangre —más de cinco veces el límite legal— embistió a Nieva, que circulaba en moto. El impacto fue fatal. Nieva, padre de tres hijos, murió en el lugar. Guevara, que ya había sido multado e inhabilitado por conducir alcoholizado meses antes, reincidió. No tenía licencia vigente. Circulaba a exceso de velocidad. Era policía.
Este caso no es solo una tragedia vial. Es una radiografía institucional. Un agente del Estado, con antecedentes, con sanciones previas, con prohibición expresa de conducir, volvió a ponerse al volante y mató. La Inspección General de Seguridad lo exoneró tras el hecho, pero la pregunta es inevitable: ¿por qué seguía libre? ¿Por qué no se activaron mecanismos preventivos? ¿Por qué el Estado, que lo formó y lo habilitó, no lo detuvo antes?
La condena es ejemplar en términos jurídicos. No se aceptó la figura de homicidio culposo, habitual en estos casos, sino dolo eventual: Guevara sabía que podía matar y eligió conducir igual. Pero la condena no repara. No devuelve la vida. No borra el dolor. Y no alcanza si no se acompaña de una revisión profunda del sistema que lo permitió.
Editorializar este hecho implica denunciar la impunidad estructural que rodea a ciertos agentes del Estado. Implica exigir que las sanciones administrativas no sean meros trámites. Implica recordar que cada víctima tiene nombre, historia, familia. Néstor Nieva no fue una estadística. Fue un trabajador, un padre, un ciudadano.
Alcohol, impunidad y muerte — El caso Guevara como espejo de una institucionalidad rota
