En La Paz, la justicia acaba de protagonizar otro capítulo digno de una tragicomedia institucional. Un comerciante africano —sí, africano, porque parece que eso también pesa— víctima reiterada de robos (cuarta o quinta vez, según vecinos), encontró a un delincuente dentro de su negocio y reaccionó con un cachetazo. ¿Resultado? El comerciante fue detenido, esposado y paseado por toda la ciudad como si fuera el villano de una novela policial. El ladrón, en cambio, quedó en libertad. Lo cuidaron como si fuera una pieza de museo: sin golpes, sin esposas, sin vergüenza.
La escena parece escrita por Kafka, pero es real. En La Paz, antes de defender tu trabajo tenés que pedirle documentos al que te roba, verificar si es mayor de edad, y consultar con un abogado si podés levantar la voz sin que te imputen. Porque si el ladrón es menor, el sistema lo devuelve a sus tutores —esos mismos que no se hacen cargo cuando el chico se droga, roba o anda armado. Pero si alguien se atreve a defender su esfuerzo, su mercadería o su dignidad, termina esposado.
La fiscal del caso, en un acto de contorsión jurídica digno de un circo romano, ordenó la detención del comerciante por “agresión”. Y no solo eso: lo hicieron caminar esposado por toda la ciudad, como si fuera un desfile de escarnio público. Mientras tanto, al delincuente tranquilo viendo a quien puede robar nuevamente el sabe que el esta mas cuidado
La justicia, en este caso, no solo parece injusta. Parece escrita al revés. Como si los códigos penales se hubieran impreso en espejo. Como si los fiscales tuvieran más miedo de los delincuentes que de incumplir su deber. Y como si el trabajo, la legalidad y el esfuerzo fueran delitos de lesa burocracia.
En La Paz nomás pasan estas cosas. Donde el que madruga no encuentra oportunidades, sino ladrones. Donde el que trabaja no recibe premios, sino citaciones. Y donde el que se defiende no es valiente, sino imputado.
Pero hay algo más grave que el cachetazo judicial: la sospecha que muchos jóvenes del barrio se hacen. ¿Y si la fiscal actuó así solo porque el comerciante es negro? Porque este hombre no es un desconocido. Es amable, escucha, conversa. Los pibes van a charlar con él por horas. Lo respetan. Lo defienden. Y sin embargo, fue el único que terminó esposado.
La pregunta incomoda, pero no se puede esquivar: ¿hubieran actuado igual si el comerciante fuera blanco, de apellido ilustre, con contactos en el municipio? ¿O si el ladrón fuera afrodescendiente y el comerciante un empresario local? ¿Dónde empieza la justicia y dónde termina el prejuicio?
La ironía es que, cuando alguien mata a un menor que robaba, todos salen a pedir justicia. Pero nadie se pregunta por qué ese menor estaba ahí, por qué nadie lo contuvo, por qué el Estado lo soltó tantas veces. La justicia no puede seguir siendo una parodia. Porque si el cachetazo es delito y el robo es trámite, entonces estamos todos en peligro. Y no por los ladrones, sino por los que deberían protegernos de ellos.
Hoy, La Paz no solo exige justicia. Exige que se respete al que trabaja, al que escucha, al que construye comunidad. Y que se deje de cuidar al delito como si fuera una piedra preciosa, mientras se humilla al que sostiene el barrio con dignidad.
