Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú: investigan presunta contaminación del río

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, ordenó un allanamiento en el Parque Industrial de la ciudad en el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental del río Gualeguaychú. La medida fue ejecutada por la Policía Federal Argentina, junto a efectivos de la división de Delitos Ambientales, quienes ingresaron al predio para tomar muestras en la planta de tratamiento de efluentes industriales.
La causa se inició tras una denuncia pública del Foro Ambiental de Gualeguaychú, que alertó sobre el mal funcionamiento de la planta de tratamiento, la cual —según el organismo— no opera desde febrero de este año. De acuerdo con el informe, los vertidos industriales sin tratamiento estarían siendo arrojados directamente al río a través de una tubería, lo que motivó la intervención judicial.
Durante el procedimiento, se tomaron muestras tanto de la planta como de otros puntos del predio donde podrían detectarse irregularidades. La investigación busca determinar si las 34 empresas que operan en el parque están cumpliendo con las normativas ambientales vigentes o si existe un daño ecológico en curso.
Además de la denuncia del Foro Ambiental, el abogado Ricardo Luciano presentó una causa paralela que también fue incorporada al expediente. En abril, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) había solicitado información a la Municipalidad de Gualeguaychú, tras reclamos de vecinos del barrio Don Pedro, quienes denunciaron olores nauseabundos y cambios en el color del agua.
Este allanamiento remite a antecedentes de hace casi una década, cuando se imputó a funcionarios municipales y representantes del Parque Industrial por situaciones similares. En aquel entonces, se prometió el funcionamiento inmediato de la planta y la construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal para el barrio Don Pedro, compromiso que aún no se ha concretado.
La Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Pedro Rebollo, continúa con las diligencias y espera los resultados de laboratorio para definir los próximos pasos. El caso podría derivar en imputaciones penales si se comprueba que hubo daño ambiental deliberado o negligente.