El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 613/2025, el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en el mes de septiembre. La medida, que alcanza a quienes perciben haberes mínimos, fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Pero más allá del anuncio, lo que se confirma es una realidad preocupante: el bono sigue congelado desde marzo de 2024, mientras la inflación erosiona mes a mes el poder adquisitivo de los adultos mayores.
La decisión llega luego de que el oficialismo lograra mantener en Diputados el veto presidencial a la ley que proponía elevar el bono a $110.000, con actualizaciones periódicas vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa había sido impulsada por la oposición, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir el veto. Así, el monto adicional que se paga desde hace más de un año permanece inalterado, pese a que los haberes jubilatorios sí se ajustan mensualmente por inflación.
Según los datos oficiales, la jubilación mínima en septiembre será de $320.277,18, y con el bono extraordinario se alcanzará un total de $390.277,18. El refuerzo también se aplicará de forma proporcional a quienes perciban haberes superiores al mínimo, hasta alcanzar ese tope. La medida incluye a beneficiarios del sistema previsional contributivo y no contributivo, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
Pero el problema no es el bono en sí, sino su congelamiento. Si se toma en cuenta la evolución de precios desde marzo de 2024, los $70.000 actuales equivaldrían a $166.755, según estimaciones del abogado previsionalista Guillermo Jáuregui. Es decir, el poder de compra del bono se redujo en más de un 57%, lo que representa una pérdida real para millones de jubilados que dependen de ese ingreso para cubrir gastos básicos.
El Gobierno argumenta que la fórmula de movilidad anterior “presentaba graves inconvenientes” y que el bono busca compensar parcialmente esa pérdida. Pero lo cierto es que no hay actualización automática, ni garantía de continuidad. Cada mes, el bono depende de una decisión política, lo que genera incertidumbre y vulnerabilidad.
En este contexto, la ratificación del veto y la oficialización del bono congelado reflejan una tensión estructural entre el ajuste fiscal y la protección social. El superávit puede ser celebrado en los despachos oficiales, pero en los hogares de los jubilados, lo que se siente es el recorte.
La pregunta que queda abierta es si el Estado puede seguir sosteniendo una política previsional basada en parches y bonos discrecionales, sin una reforma integral que garantice equidad, sostenibilidad y dignidad. Porque los adultos mayores no necesitan favores: necesitan derechos.
Y esos derechos no se congelan. Se actualizan. Se respetan.
Editorial El bono para jubilados sigue congelado: alivio limitado en medio de una pérdida sostenida
