El viernes 14 de marzo de 2026, las localidades de Pueblo Libertador y Esquina fueron escenario de un operativo de magnitud que sorprendió a vecinos y autoridades. La Gendarmería Nacional, bajo órdenes de la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y con la intervención del fiscal Mariano de Guzmán, desplegó cerca de un centenar de efectivos en al menos siete allanamientos simultáneos. El objetivo: avanzar en una investigación por lavado de activos ligado a presunto narcotráfico.
Los procedimientos alcanzaron domicilios particulares, estudios contables vinculados a una mujer con antecedentes judiciales y, de manera especialmente sensible, dependencias de la Municipalidad de Pueblo Libertador. La incautación de documentación en ámbitos institucionales abre un interrogante profundo sobre el grado de penetración de estas prácticas en el entramado político y administrativo local. La justicia busca pruebas, pero la sociedad ya percibe un golpe a la confianza en sus instituciones.
La magnitud del operativo refleja que el problema no es menor ni aislado. El lavado de activos, tantas veces asociado a grandes centros urbanos, se instala también en comunidades pequeñas, donde la vulnerabilidad institucional y la cercanía social pueden facilitar la expansión de redes ilegales. La irrupción de fuerzas federales en pueblos tranquilos como Libertador y Esquina es un recordatorio de que la criminalidad económica no reconoce fronteras ni geografías.
En el plano judicial, se esperan nuevas imputaciones y citaciones que podrían involucrar tanto a actores privados como a funcionarios públicos. En el plano político, la responsabilidad es doble: acompañar el proceso de esclarecimiento y garantizar que las instituciones locales recuperen credibilidad. La transparencia y la rendición de cuentas se vuelven imprescindibles para evitar que la desconfianza ciudadana se transforme en resignación.
La sociedad correntina merece respuestas claras. Los allanamientos no deben quedar como un episodio aislado, sino como el inicio de un proceso más profundo de depuración y fortalecimiento institucional. La justicia ha dado un paso decisivo; ahora corresponde que la política y la comunidad acompañen con firmeza y compromiso.
