Llega información a la redacción TOP Digital: un operativo de Gendarmería Nacional en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú permitió desbaratar un plan criminal que tenía como objetivo asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candiotti.
La investigación reveló que un poderoso jefe narco, alojado en el Pabellón E de la UP9, habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para ejecutar el ataque durante las vacaciones de las autoridades judiciales en Punta del Este. El plan fue descubierto gracias a la declaración de otro interno, lo que derivó en el allanamiento ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a pedido del fiscal Pedro Rebollo y con la rápida intervención del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
El hallazgo expone la gravedad de las amenazas que enfrentan magistrados y fiscales en su lucha contra el narcotráfico. La planificación de un atentado desde el interior de una cárcel muestra las debilidades del sistema penitenciario y la capacidad de las organizaciones criminales para operar incluso tras las rejas.
La acción coordinada entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad evitó un hecho que hubiera tenido consecuencias institucionales de enorme impacto. El caso abre un debate urgente sobre la necesidad de reforzar los controles en las unidades penales y garantizar la seguridad de quienes llevan adelante investigaciones contra el crimen organizado.
En Entre Ríos, la noticia sacude a la comunidad judicial y política, recordando que la lucha contra el narcotráfico no solo se libra en los tribunales, sino también en el terreno de la seguridad personal de quienes enfrentan a estas estructuras criminales.
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