La resolución 37/2025 del RENAR habilita, por primera vez en décadas, la tenencia de armamento semiautomático por parte de civiles en Argentina. La medida, presentada como un avance técnico y controlado, ha generado una ola de preocupación en sectores sociales, académicos y de seguridad. Porque aunque el discurso oficial insiste en que se trata de un uso “netamente deportivo”, la historia reciente de América Latina demuestra que cuando se abren ciertas puertas, cerrarlas después cuesta vidas.
Iván Berón, jefe de Scopometría y Balística de la Policía de Entre Ríos, explicó en el programa Códigos que el acceso estará limitado a ciertos perfiles, con múltiples requisitos y controles. No cualquier persona podrá adquirir este tipo de armamento, y no cualquier arma será habilitada. Sin embargo, la sola posibilidad de que un civil acceda a una plataforma similar a un fusil de asalto plantea un dilema profundo: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Porque mientras se discute la portación deportiva, la Argentina real convive con barrios donde el Estado llega tarde, con fuerzas de seguridad cuestionadas, y con una justicia que no siempre actúa con la misma vara. En ese contexto, la expansión del acceso a armas semiautomáticas, por más regulada que sea, puede convertirse en un factor de riesgo más que en una solución.
El argumento del “uso deportivo” suena razonable en el papel. Pero ¿quién controla el desvío? ¿Quién garantiza que esas armas no terminen en el mercado negro, en manos de bandas, o en episodios de violencia doméstica? ¿Qué pasa cuando el control falla, cuando el Estado no llega, o cuando la regulación se flexibiliza con el tiempo?
La resolución llega en un momento delicado: con una sociedad crispada, con niveles crecientes de violencia, y con un discurso público que muchas veces glorifica la mano dura y la autodefensa. En ese clima, la línea entre el uso deportivo y el uso punitivo se vuelve peligrosamente delgada.
Berón fue claro: “El control es fundamental para evitar el uso indebido”. Pero el control no es solo un trámite administrativo. Es una política pública sostenida, con recursos, con inspecciones, con inteligencia criminal. Y eso, en un país que recorta presupuesto en seguridad, educación y salud, no es una garantía: es una promesa frágil.
En definitiva, la pregunta no es si los civiles pueden tener armas semiautomáticas. La pregunta es si una sociedad que no puede garantizar agua potable, cloacas ni educación pública de calidad, está en condiciones de administrar con responsabilidad el acceso a armamento de alto poder.
Porque cuando se habilita el acceso a armas que pueden matar en segundos, no alcanza con decir que es “para uso deportivo”. Hay que preguntarse si estamos dispuestos a asumir las consecuencias cuando ese uso se desborde. Y si el Estado estará ahí para responder. O, como tantas veces, llegará después de los disparos.
