El Congreso sancionó la Ley 27.805, que establece un régimen de regularización para tenedores de armas de fuego cuya situación registral sea irregular o directamente carezcan de inscripción. La norma otorga un plazo de un año para que los ciudadanos puedan adecuar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Además, la ley prorrogó el programa de entrega voluntaria de armas, que permite a cualquier persona entregar un arma de fuego sin consecuencias penales, recibiendo a cambio una compensación económica. Este mecanismo, vigente desde hace más de una década, busca reducir la circulación de armas ilegales y prevenir hechos de violencia.
El nuevo régimen apunta a ordenar el universo de armas en manos de particulares, ofreciendo una salida legal a quienes poseen material bélico sin registrar. Sin embargo, especialistas advierten que la medida también abre interrogantes: ¿cuántos ciudadanos aprovecharán la oportunidad de regularizarse y cuántos preferirán permanecer en la informalidad?
El Gobierno sostiene que la iniciativa es un paso hacia la seguridad ciudadana, al tiempo que refuerza el control estatal sobre un tema sensible. La prórroga del programa de entrega voluntaria, por su parte, ratifica la política de desarme como herramienta para disminuir riesgos en la sociedad.
En definitiva, la Ley 27.805 combina regularización y desarme voluntario, dos caras de una misma estrategia: reducir la cantidad de armas ilegales y garantizar que las registradas estén bajo control. El desafío será lograr que la norma se traduzca en resultados concretos y no quede en el papel como tantas otras iniciativas.
