El conflicto entre el PAMI y las cámaras de salud sumó un nuevo capítulo tras el reclamo de los prestadores, quienes advirtieron sobre la posibilidad de suspender turnos por falta de regularización en los pagos. Frente a estas acusaciones, el Gobierno nacional salió al cruce y aseguró que el organismo “se encuentra cumpliendo el cronograma de pagos”.
Desde la conducción de Esteban Leguízamo, remarcaron que no existe deuda acumulada con clínicas y sanatorios a nivel nacional, y que lo que resta abonar durante el mes corresponde únicamente a gastos corrientes. La aclaración busca desactivar la alarma generada por los prestadores, que habían advertido sobre un escenario de crisis económica en el sistema de atención a jubilados y pensionados.
El cruce expone una tensión recurrente: mientras las cámaras de salud denuncian demoras y falta de previsibilidad, el PAMI insiste en que los compromisos se cumplen en tiempo y forma. La amenaza de suspensión de servicios, aunque desmentida por el organismo, refleja la fragilidad de un sistema que depende de la confianza mutua entre prestadores y Estado.
En este contexto, los afiliados quedan atrapados en la incertidumbre: entre los reclamos de los prestadores y las aclaraciones oficiales, lo que está en juego es la continuidad de la atención médica de millones de jubilados. La discusión, más allá de los números, vuelve a poner en el centro la necesidad de garantizar un sistema de salud estable y transparente.
