La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un paro nacional de 24 horas para este miércoles 11 de febrero, con movilización al Congreso, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La medida se da en un contexto de creciente interna sindical, ya que la CGT decidió no convocar a una huelga general, limitándose a una movilización. Frente a esa postura, ATE llamó a los trabajadores a “parar igual”, asegurando que la protesta tiene respaldo legal.
En Digital Top, la noticia refleja la fractura dentro del movimiento obrero frente a una reforma que busca modificar condiciones de trabajo, indemnizaciones y derechos laborales. Mientras la CGT apuesta por la presión en las calles sin paralizar actividades, ATE desafía esa estrategia y plantea que la contundencia de un paro es necesaria para frenar el avance del oficialismo en el Senado.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad”, reforzando la idea de que los estatales y otros sectores pueden adherir sin riesgo de sanciones. La decisión expone la tensión entre las distintas corrientes sindicales y abre un debate sobre la eficacia de las medidas de fuerza en un escenario político fragmentado.
Más allá de la interna gremial, lo que está en juego es el futuro de las relaciones laborales en Argentina. La reforma laboral, que será debatida en el Senado, se convierte en un punto de inflexión: ¿se impondrá la flexibilización que impulsa el Gobierno o prevalecerá la resistencia sindical? La respuesta dependerá no solo de los votos legislativos, sino también de la capacidad de los trabajadores de mostrar unidad y fuerza en las calles.
