En una sesión maratónica que reflejó la tensión creciente entre el Gobierno Nacional y las provincias, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación. La iniciativa, impulsada por la mayoría de los gobernadores, representa un giro profundo en la relación fiscal entre Nación y provincias, y un revés político para el oficialismo, que buscaba preservar el manejo discrecional de esos fondos.
La nueva norma establece que los ATN serán considerados parte de la masa coparticipable y deberán ser enviados de forma diaria y automática, en las mismas condiciones que la coparticipación federal. En términos técnicos, se trata de una modificación sustancial: elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida a quién, cuándo y cuánto asignar, transformando un instrumento históricamente usado como palanca política en una herramienta de distribución equitativa.
Pero más allá de la letra, lo que se debatió en el recinto fue una concepción de país. Desde la oposición, se denunció que el recorte de fondos estaba asfixiando a las provincias, impidiendo la ejecución de programas sociales, obras públicas y atención de emergencias. “¿Cómo vamos a querer romper el equilibrio fiscal si estamos discutiendo fondos de las provincias?”, planteó el diputado Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria. Su compañera de bancada, Silvana Ginocchio, fue más directa: “El Gobierno quitó la ayuda para conservar el superávit, lo que llevó al ahogo a las provincias”.
El oficialismo, por su parte, defendió la discrecionalidad como una herramienta para evitar abusos y combatir la corrupción. Pero ese argumento, repetido en cada intervención, no logró sostenerse frente a la evidencia de un sistema que, durante décadas, permitió premiar aliados y castigar disidentes.
La aprobación del proyecto con 143 votos positivos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para bloquear un eventual veto presidencial, marca un punto de inflexión. El federalismo, tantas veces invocado en discursos, se pone a prueba en la práctica. ¿Puede un país avanzar hacia una distribución más justa sin que eso implique una pérdida de control político? ¿Está dispuesto el Gobierno a aceptar que los recursos públicos no son propiedad del Ejecutivo, sino de todos los argentinos?
La respuesta, por ahora, es incierta. El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la ley. Si lo hace, el Congreso deberá decidir si insiste con la norma o cede ante la presión. Lo que está claro es que el debate sobre los ATN no es solo técnico ni presupuestario. Es profundamente político. Y en ese terreno, cada voto cuenta.
