La Secretaría de Energía anunció un cambio profundo en el esquema de actualización de las tarifas de gas que comenzará a regir desde agosto de 2026. A partir de esa fecha, los ajustes se realizarán de manera bimestral, reemplazando el sistema vigente que trasladaba las diferencias de costos de forma estacional, lo que generaba incrementos bruscos especialmente durante los meses de invierno.
El mecanismo anterior acumulaba las variaciones entre el precio estimado del gas y el costo real pagado por las distribuidoras, trasladándolas a las facturas en dos momentos clave del año. Esto provocaba lo que las autoridades definieron como un “doble efecto estacional”: coincidían el mayor consumo de gas con los aumentos más fuertes, generando facturas que se volvían impagables para miles de hogares y empresas.
Con el nuevo esquema, esas diferencias se incorporarán cada dos meses, lo que permitirá distribuir los aumentos de manera más uniforme. La medida busca dar mayor previsibilidad a los usuarios, evitar saltos abruptos en las boletas y reducir la volatilidad en el mercado energético.
El sistema técnico que regula estas variaciones se conoce como Diferencia Diaria Acumulada (DDA), y responde a lo establecido por la Ley 24.076, que obliga a trasladar los costos reales del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a los usuarios finales, sin que las distribuidoras obtengan ganancias extraordinarias ni pérdidas por la diferencia.
La decisión se enmarca en la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027, y refleja la necesidad de ajustar las tarifas en un contexto de inflación persistente y presión sobre los costos de producción. Para los hogares, el cambio significa que las facturas seguirán aumentando, pero de manera más gradual; para las industrias, supone una herramienta de planificación más previsible en un escenario económico complejo.
El debate que se abre es si este nuevo esquema logrará realmente aliviar el bolsillo de los usuarios o si, por el contrario, terminará consolidando un sistema de aumentos constantes que nunca da respiro. Lo cierto es que la política energética vuelve a ser protagonista en la agenda pública, y el gas —un insumo básico para la vida cotidiana y la producción— se convierte en el termómetro de las tensiones entre economía, política y sociedad.
