El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno, dejó en claro que el debate sobre la reforma previsional no solo es político y económico, sino también potencialmente judicial. Tras reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio, junto a Susana Medina y autoridades de la Caja de Jubilaciones, el magistrado advirtió que medidas como la declaración de emergencia, el aumento de la edad jubilatoria y la suba de aportes podrían derivar en futuros litigios.
Carlomagno subrayó que la noción de “emergencia” no puede usarse con la misma lógica que durante la pandemia: el déficit de la Caja es un problema estructural que lleva años y requiere soluciones de fondo. En ese marco, señaló que la reforma aún es un proyecto y que, de convertirse en ley, podría sufrir modificaciones y ser objeto de cuestionamientos judiciales.
El magistrado también destacó la necesidad de reclamar la deuda de la Nación con la Provincia por el no traspaso de la Caja, un punto que atraviesa cualquier discusión sobre sostenibilidad del sistema previsional.
La advertencia del titular del STJ instala un dilema central: cómo equilibrar la urgencia fiscal con el respeto a los derechos adquiridos. La reforma previsional, más allá de su letra, se perfila como un campo de disputa donde la política y la justicia volverán a cruzarse.
