El comunicado emitido por el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos marca un punto de inflexión en la relación entre la política y la protesta social. La fuerza centenaria expresó su “más enérgico repudio” frente a las acciones de hostigamiento e intimidación que, según denuncian, vienen sufriendo sus legisladores por parte de la Multisectorial Gremial de Entre Ríos.
La gravedad del planteo radica en que las manifestaciones habrían llegado hasta los domicilios particulares de los representantes radicales, un ámbito que la UCR considera inviolable. “La democracia se fortalece con el debate de ideas y el respeto por las instituciones”, señala el comunicado, subrayando que ninguna discrepancia política puede justificar conductas que busquen amedrentar en el plano privado.
El partido reivindicó su tradición democrática y republicana, recordando que la protesta es un derecho legítimo, pero que debe canalizarse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales. La advertencia apunta a marcar límites claros entre la expresión de reclamos y la violencia simbólica o física contra dirigentes.
La UCR concluyó con una convocatoria amplia a los actores políticos, sindicales y sociales para contribuir a un clima de respeto mutuo y convivencia democrática, reafirmando su compromiso con los valores de libertad, pluralismo y tolerancia.
El comunicado deja planteada una tensión: cómo garantizar el derecho a la protesta sin que se convierta en un instrumento de presión personal. En ese equilibrio se juega la calidad de la vida democrática entrerriana.
