La causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra, Córdoba, dio un giro decisivo. La Fiscalía dispuso la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier, quien ahora quedó acusado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

La decisión judicial se sustenta en los resultados de la autopsia, que confirmaron signos inequívocos de violencia física y sexual. El informe forense, elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, determinó que la joven presentaba lesiones compatibles con un ataque previo a la muerte, además de marcas de defensa en brazos y manos, lo que indica que intentó resistirse. La causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, un dato que descarta cualquier hipótesis de accidente y refuerza la línea de investigación sobre un crimen planificado y ejecutado con brutalidad.

Los peritos también hallaron rastros biológicos coincidentes con el perfil genético de Barrelier, lo que consolidó la imputación y permitió avanzar hacia una acusación más grave. La evidencia científica, en este punto, se convirtió en el eje de la reconstrucción judicial: el cuerpo de Agostina habló, y su verdad forense desnudó la violencia que la sociedad no supo prevenir.

La carátula de la causa quedó formalmente establecida como “homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, un tipo penal que implica la máxima condena prevista por el Código Penal argentino: prisión perpetua. La ampliación de la imputación marca un cambio sustancial en la investigación, que pasa de una muerte violenta genérica a un crimen de odio de género, con todas las implicancias sociales y judiciales que ello conlleva.

Este avance judicial no solo redefine el expediente, sino que también interpela a las instituciones. El caso Agostina expone la fragilidad del sistema de protección estatal, la demora en las respuestas y la falta de articulación entre organismos que debían garantizar su seguridad. La autopsia, más allá de su valor técnico, se convierte en un documento político: revela lo que el Estado no vio, lo que la sociedad toleró y lo que la Justicia ahora intenta reparar.

La ampliación de la imputación contra Barrelier es, en definitiva, un paso hacia la verdad y la reparación simbólica. Pero también es un recordatorio de que cada femicidio es una derrota colectiva. Agostina no murió solo por la violencia de un hombre, sino por la indiferencia de un sistema que no la protegió a tiempo.