Un grupo de entidades que representa a más de un centenar de clínicas y centros de salud privados del país anunció la suspensión de prestaciones para afiliados de PAMI durante los días miércoles 21 y jueves 22 de octubre, en reclamo de una actualización de aranceles y cambios en las condiciones de contratación.
Sin embargo, según fuentes consultadas, la medida de fuerza no alcanzará por el momento a la provincia de Entre Ríos, por lo que la atención a los afiliados se mantendría con normalidad en el territorio entrerriano.
La decisión fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia. Las entidades sostienen que los valores abonados por PAMI quedaron muy retrasados frente al aumento de costos operativos, insumos médicos, medicamentos y salarios.
Los prestadores aseguran que la situación financiera de numerosas instituciones se volvió crítica y reclaman una recomposición urgente de los aranceles para garantizar la continuidad de las prestaciones. Además, cuestionan algunas condiciones contractuales que, según afirman, limitan determinadas prácticas de alta complejidad.
Desde PAMI informaron que las negociaciones continúan abiertas y señalaron que recientemente se alcanzó un entendimiento para actualizar los valores de algunas prestaciones. No obstante, las cámaras empresarias consideran insuficiente la propuesta y mantienen vigente el anuncio de suspensión mientras continúan las conversaciones.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la diferencia entre la evolución de la inflación y los incrementos otorgados por la obra social. Según datos difundidos por las entidades prestadoras, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada habría superado ampliamente los aumentos reconocidos en los contratos con PAMI, generando un importante atraso en los ingresos de las clínicas.
Las instituciones también manifestaron preocupación por las restricciones existentes para determinadas prácticas médicas de alta complejidad y advirtieron que una mayor derivación de pacientes hacia hospitales públicos podría generar una sobrecarga en el sistema sanitario estatal.
Mientras tanto, ambas partes continuarán negociando para intentar evitar que la medida se concrete. Una nueva reunión técnica está prevista para esta semana con el objetivo de acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto.
Por ahora, los jubilados y pensionados de Entre Ríos pueden llevar tranquilidad, ya que la medida anunciada no tendría impacto en las prestaciones médicas de la provincia.
