El Gobierno de Entre Ríos dispuso un sumario administrativo contra una trabajadora del área de Comedores Escolares, tras constatar inasistencias injustificadas que se prolongaron en el tiempo. La medida no solo implica sanciones disciplinarias, sino también la exigencia de devolver más de $10 millones percibidos indebidamente.
El caso expone una problemática recurrente en la administración pública: la falta de control sobre el cumplimiento de funciones y la demora en detectar irregularidades que terminan generando perjuicios millonarios al Estado. En este caso, la trabajadora habría cobrado haberes sin prestar servicio, lo que motivó la intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La decisión de iniciar el sumario y reclamar la devolución del dinero busca enviar un mensaje claro: la ausencia injustificada no será tolerada y los recursos públicos deben ser resguardados. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión: ¿cómo es posible que una situación de tal magnitud se prolongue sin que nadie lo advierta a tiempo?
El monto reclamado —más de $10 millones— refleja no solo la gravedad de la falta, sino también la necesidad de revisar los sistemas de control interno. En un contexto de crisis económica y reclamos salariales de los trabajadores estatales, este tipo de casos genera indignación social y pone en cuestión la transparencia de la gestión.
En definitiva, el sumario contra la cocinera escolar no es un hecho aislado: es un síntoma de un Estado que debe reforzar sus controles, garantizar la equidad en el trato a sus empleados y asegurar que los fondos públicos se destinen efectivamente a quienes cumplen con su labor.
