La causa judicial más emblemática por corrupción administrativa en Entre Ríos, relacionada con los contratos truchos en la Cámara de Diputados, ha revelado un rastro documental difícil de justificar. Entre 2015 y 2018, 546 cheques oficiales fueron cobrados por dos personas vinculadas políticamente: Diego Lucio Nicolás Lara, actual presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, y su pareja, Paola Andrea Lisnofsky.
Patrón de Cobro y Fechas
Según registros contables, Lara aparece como depositante de 165 cheques, mientras que Lisnofsky, sin función pública reconocida en ese momento, cobró 381 cheques a nombre de terceros.
- Lara cobró cheques desde junio de 2015 hasta septiembre de 2018, con múltiples pagos en días consecutivos.
- Lisnofsky cobró desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2018, llegando a cobrar hasta 10 cheques en simultáneo en algunos días.
Estos cheques fueron emitidos por la Cámara de Diputados, endosados a supuestos empleados legislativos que, en muchos casos, no tenían constancia de haber trabajado en ningún despacho.
Ausencia de Rendición de Cuentas
El problema no solo radica en la cantidad de cheques cobrados, sino en la falta total de rendición de cuentas.
- Muchos contratados desconocían que estaban registrados.
- Otros nunca recibieron el dinero.
- La maniobra fue descrita por fiscales como un esquema sistemático de desvío de fondos públicos mediante contratos simulados.
Silencio Institucional y Falta de Imputaciones
A pesar de las irregularidades, Diego Lara fue designado vocal del Tribunal de Cuentas en 2018, y actualmente lo preside. Es decir, la persona que cobró 165 cheques de dudosa legalidad es quien audita las cuentas del Estado provincial.
El monto total cobrado por Lara y Lisnofsky se estima en más de 400.000 dólares de la época, lo que hoy representaría una cifra millonaria en pesos. Sin embargo, nunca fueron imputados en la causa.
Corrupción Sistémica y Falta de Juicio
El Tribunal de Cuentas nunca auditó estos contratos mientras Lara era legislador, y tampoco lo hace ahora.
- La causa penal se fragmentó en múltiples expedientes.
- Solo fueron investigados contratistas menores o empleados de bajo rango.
- La responsabilidad política quedó intacta.
En un sistema republicano serio, una sola aparición en planillas de cobro ajeno bastaría para la inhabilitación de por vida en cargos de control. En Entre Ríos, en cambio, puede convertirte en presidente del Tribunal de Cuentas.
Mientras tanto, los contratos truchos siguen sin juicio, sin condenas firmes y sin devolución del dinero robado al pueblo entrerriano.
