En la provincia de Entre Ríos, la Justicia y la Policía intentan desbaratar una red fraudulenta que dejó a varios vecinos víctimas de una modalidad tan silenciosa como alarmante: la promesa de créditos accesibles para la adquisición de motovehículos, que terminó siendo una estafa de alto impacto emocional y económico.
Según explicó la jefa de la División Delitos Económicos, Eliana Galarza, el esquema operaba mediante la captación de ciudadanos interesados en acceder a créditos prendarios o préstamos en efectivo. Lo llamativo de esta maniobra es que los requisitos eran mínimos: solo una fotocopia del DNI o el escaneo del rostro, lo que además abre un peligroso antecedente sobre el uso indebido de datos biométricos.
Los denunciantes esperaban la llegada de la documentación formal, el dinero solicitado o una chequera con cupones de pago. Pero eso nunca ocurrió. En su lugar, comenzaron a recibir visitas personales de individuos que exigían pagos mensuales, sin ningún tipo de constancia o respaldo legal. La informalidad del método y la presión ejercida sobre los vecinos encendieron todas las alarmas, dando paso a una investigación que hasta el momento contabiliza al menos cuatro damnificados conocidos, aunque se presume que el número real podría ser mayor.
Lo inquietante no es sólo el engaño financiero, sino la facilidad con la que se vulneró la seguridad documental de los ciudadanos. El uso de una fotocopia del DNI o el escaneo facial como moneda de entrada para una estafa plantea serios cuestionamientos sobre la protección de los datos personales en la era digital. ¿Cuántos más pudieron haber sido víctimas sin saberlo aún?
Desde la fuerza policial aseguran que la investigación continúa, y que no se descarta que la red tenga ramificaciones dentro y fuera de la provincia. Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo prácticas delictivas como esta logran filtrarse en la cotidianidad, bajo el disfraz de accesibilidad y “ayuda económica”.
En tiempos de crisis, donde muchos buscan alternativas para mejorar su movilidad o cubrir gastos urgentes, estas estafas se tornan más agresivas y destructivas. La justicia deberá actuar con firmeza, pero también con celeridad, para evitar que el daño se siga propagando.
