La resolución 1240 publicada este viernes en el Boletín Oficial oficializó el pase a disponibilidad de 343 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, que incluye personal de planta permanente con estabilidad adquirida, se inscribe en el marco de una reestructuración estatal que avanza incluso contra el mandato del Congreso, que días antes había rechazado los decretos delegados que proponían estas reformas.
La decisión del Ejecutivo no solo desafía el equilibrio institucional entre poderes, sino que instala una lógica de desmantelamiento que pone en riesgo áreas estratégicas del desarrollo nacional. El INTA, el INASE y el INV no son oficinas burocráticas sin impacto real: son organismos con décadas de trayectoria, que articulan ciencia, producción, innovación y soberanía alimentaria. Su debilitamiento no es neutro. Tiene consecuencias concretas en el agro, en la industria, en la investigación y en la vida cotidiana de miles de argentinos.
El argumento oficial es conocido: “transformación”, “eficiencia”, “reducción del gasto”. Pero detrás de esas palabras se esconde una realidad más cruda: despidos masivos, pérdida de capacidades técnicas, ruptura de equipos de trabajo y vulneración de derechos laborales. La afectación a trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida no solo es un golpe institucional, sino también un mensaje político: nadie está a salvo del ajuste, ni siquiera quienes han cumplido con todos los requisitos legales para sostener su empleo.
La paradoja es evidente. Mientras el Senado rechaza los decretos que habilitan estas reformas, el Ejecutivo avanza por vía administrativa. La resolución 1240 se firma horas después de la votación legislativa, en una maniobra que tensiona los límites del sistema republicano. ¿Qué valor tiene el debate parlamentario si las decisiones se ejecutan igual? ¿Qué garantías quedan para los trabajadores si la estabilidad es papel mojado?
El INTA, por ejemplo, es una de las instituciones más valoradas por el sector agropecuario, incluso por quienes critican su orientación política. Su red de estaciones experimentales, su vínculo con productores, su aporte a la innovación tecnológica y su rol en la formación de profesionales lo convierten en un actor clave del desarrollo rural. Desconcentrarlo, reducirlo o vaciarlo no es una reforma: es una amputación.
Lo mismo ocurre con el INASE, que regula la producción y comercialización de semillas, y con el INV, que fiscaliza la calidad de los productos vitivinícolas. En un país que busca posicionarse en mercados internacionales, debilitar estos organismos es un contrasentido. La eficiencia no se logra con despidos, sino con planificación, inversión y diálogo.
