Corrupción en el Estado — Cuando la discapacidad se convierte en negocio

Los allanamientos realizados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina marcan un punto de inflexión en una causa que, más allá de sus implicancias judiciales, desnuda una trama de corrupción que atraviesa lo público y lo privado. El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, está en el centro de la escena tras la difusión de audios en los que denuncia el cobro de coimas por parte de empresas proveedoras, con supuestos vínculos directos con la Secretaría General de la Presidencia y asesores del entorno presidencial.
La gravedad del caso no reside únicamente en el monto de los sobornos ni en los nombres involucrados. Lo que estremece es el área afectada: la discapacidad. Un sector históricamente postergado, que debería estar blindado frente a cualquier tipo de especulación, aparece ahora como escenario de negociados, licitaciones direccionadas y favores empresariales. La idea de que se lucró con medicamentos, pensiones y servicios destinados a personas con discapacidad no solo indigna: hiere profundamente la ética pública.
Los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello incluyeron 14 allanamientos, entre ellos la sede de ANDIS y la droguería Suizo Argentina, donde se secuestraron computadoras, documentación y más de 200 mil dólares en efectivo en sobres, en la casa de uno de sus dueños, Emmanuel Kovalivker. También se allanaron los domicilios de Spagnuolo, con el objetivo de secuestrarle el celular, pero no fue encontrado. La búsqueda continúa.
La empresa Suizo Argentina, con más de 100 años de trayectoria, aparece mencionada en los audios como parte de un esquema de retornos que habría beneficiado a funcionarios de primera línea. No es la primera vez que la firma es observada por la Justicia: ya en 2024 fue denunciada por presuntas adjudicaciones sin licitación por montos millonarios, aunque esa causa fue archivada.
La intervención de ANDIS, oficializada por el Gobierno, intenta contener el daño institucional. Pero la pregunta que queda flotando es más profunda: ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué controles fallaron? ¿Quiénes miraron para otro lado mientras se tejía esta red de favores y pagos paralelos?