La vieja sede de Shell en Diagonal Norte, testigo de los embates más duros del kirchnerismo contra el sector privado, se ha convertido hoy en un símbolo del nuevo paradigma libertario que impulsa Javier Milei. Allí, donde Juan José Aranguren enfrentó más de 50 causas penales impulsadas por Guillermo Moreno bajo la ley de abastecimiento—todas finalmente desestimadas por la Justicia—funcionan ahora dos oficinas clave que operan minuto a minuto para desmantelar lo que consideran el “andamiaje estatista” heredado.
Por un lado, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acelera la fusión y eliminación de más de 40 organismos públicos. Su plan, respaldado por decretos delegados que caducan el 8 de julio, incluye la reestructuración del INTA, INTI, ANMAT, SENASA y la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros. El objetivo declarado: reducir el gasto público, eliminar duplicidades administrativas y devolverle dinero a los argentinos. Sturzenegger estima que estas medidas ya generaron un ahorro de 2.000 millones de dólares, y planea una “limpieza normativa” que abarcará hasta 700.000 decretos vigentes desde 1973.
Por otro lado, Diego Chaher, abogado mendocino con respaldo de Santiago Caputo, lidera la privatización de empresas públicas desde una flamante Unidad Ejecutora dependiente de la Jefatura de Gabinete. Su ascenso se consolidó tras su intervención en Télam, donde logró que casi la mitad de los empleados se acogieran al retiro voluntario. Ahora, Chaher trabaja en la venta de activos estratégicos como Nucleoeléctrica Argentina (Na-Sa), que opera las centrales Atucha I, II y Embalse, y en la fragmentación de ENARSA, Belgrano Cargas y SOFSE para facilitar su licitación.
El edificio, que alguna vez fue blanco de boicots presidenciales y auditorías punitivas, hoy alberga el corazón operativo de una transformación radical. Lo que antes fue símbolo de resistencia empresarial frente al poder político, ahora representa el avance de una visión que busca achicar el Estado, liberar mercados y redefinir el rol del sector público.
La paradoja es evidente: el mismo lugar donde se intentó disciplinar al capital privado, hoy se utiliza para desmantelar el aparato estatal que lo combatía. Y en ese giro, se condensa el pulso de una Argentina que transita entre el ajuste estructural y la promesa de eficiencia.
