La Cámara de Diputados dio un paso clave en dos debates de alto impacto económico y político. Por un lado, avaló el acuerdo con los fondos buitre por US$171 millones, cerrando un capítulo de litigios con los llamados holdouts. La decisión busca despejar incertidumbres financieras y enviar una señal de previsibilidad a los mercados, aunque no está exenta de críticas por el costo que implica para el Estado.
En paralelo, la Cámara baja otorgó media sanción al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Súper RIGI), un proyecto que promete atraer capitales con beneficios fiscales y garantías jurídicas excepcionales. El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para dinamizar la economía y generar empleo, mientras que sectores opositores alertaron sobre el riesgo de otorgar privilegios excesivos a grandes corporaciones en detrimento de las pymes y de la recaudación futura.
La doble aprobación refleja la estrategia del Gobierno de avanzar en acuerdos financieros y en reformas estructurales para seducir al capital externo. Sin embargo, también abre un frente de debate sobre el equilibrio entre la necesidad de inversión y la soberanía económica.
En definitiva, la sesión de Diputados marca un hito: el cierre de un conflicto con acreedores internacionales y el inicio de un régimen que podría redefinir el mapa de las inversiones en el país. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre el Súper RIGI, mientras el acuerdo con los fondos buitre ya quedó sellado.
