El sábado 6 de julio, a las 17:30 horas, la Policía de Entre Ríos recibió un llamado que marcaría una jornada de luto. En un camino vecinal conocido como “La Colmena”, a un kilómetro de la Ruta 127, en jurisdicción de Hasenkamp, fue hallado sin vida el Cabo Luis Agustín Monzón, de 25 años, oriundo de Alcaraz. Su cuerpo yacía dentro de su vehículo particular, un Renault Mégane, con un disparo en la cabeza efectuado con su arma reglamentaria. El hecho fue caratulado como suicidio.
Según el testimonio de su padre, el joven había enviado su ubicación a su pareja con un mensaje que advertía sobre una decisión desesperada. Esa frase, cruda y reveladora, expone el nivel de angustia que atravesaba en sus últimas horas.
Este episodio no puede ser abordado como un caso aislado. En lo que va del año, Entre Ríos ha registrado un preocupante aumento de suicidios, y la problemática golpea con fuerza a quienes integran las fuerzas de seguridad. La exposición constante a situaciones de riesgo, la sobrecarga operativa, el estigma que aún rodea la salud mental y la falta de espacios institucionales de escucha configuran un escenario alarmante.
Desde el Estado provincial se han impulsado charlas y capacitaciones sobre prevención del suicidio, como la realizada en Hasenkamp en marzo pasado, pero los esfuerzos aún resultan insuficientes frente a una realidad que exige políticas integrales, protocolos claros y redes de apoyo efectivas. La salud mental debe dejar de ser un tema secundario en las agendas institucionales. No alcanza con reaccionar ante la tragedia: hay que anticiparla, contenerla y prevenirla.
La muerte de Luis Agustín Monzón no solo enluta a su familia y a la comunidad de Alcaraz. También interpela a toda la estructura policial y gubernamental. Porque detrás del uniforme había una persona con sueños, vínculos y una vida que merecía ser cuidada. Y porque cada pérdida dentro de la fuerza es también una señal de alerta que no puede ser ignorada.
