El reciente veto presidencial a la Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas, es mucho más que una decisión técnica: es una declaración política sobre las prioridades del país. En nombre de la estabilidad fiscal, se ha desestimado una norma que buscaba atender una crisis visible en hospitales pediátricos, donde faltan insumos, profesionales y recursos para garantizar una atención digna a los niños.
El argumento del Ejecutivo —que la ley es ambigua y fiscalmente inviable— puede tener sustento en los números, pero ¿qué valor tienen esos números cuando se contraponen con la salud infantil? ¿Qué mensaje se envía cuando se recorta en el área más sensible del sistema sanitario?
El Hospital Garrahan, emblema de la pediatría argentina, ha sido uno de los más afectados. Sus trabajadores advierten que el presupuesto actual no alcanza para cubrir necesidades básicas. El veto, lejos de resolver el problema, lo agrava. Y mientras tanto, en los pasillos de los hospitales, las madres esperan con sus hijos en brazos, los médicos se multiplican en turnos imposibles, y la urgencia se vuelve rutina.
La política del ajuste puede ser necesaria en ciertos aspectos, pero cuando se aplica sin sensibilidad social, corre el riesgo de deshumanizarse. El equilibrio fiscal no debería lograrse a costa de los más vulnerables. Porque si el Estado no está para cuidar a sus niños, ¿para qué está?
Editorial: Cuando el ajuste toca a los más vulnerables
