Este miércoles, el INDEC dio a conocer el dato de inflación de agosto: 1,9% mensual, en línea con las proyecciones privadas y con una tendencia que, en apariencia, confirma la desaceleración de precios. A simple vista, el número parece alentador. Pero debajo de la superficie, persisten las dudas, los desequilibrios y, sobre todo, la desconfianza.
La inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 19,5%, y la interanual se ubica en 33,6%. Son cifras que, comparadas con los picos de años anteriores, muestran una mejora. Sin embargo, el contexto económico no permite celebraciones. El dólar oficial se disparó tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires, y las tensiones con los gobernadores por el veto a la ley de ATN auguran un escenario fiscal más complejo.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿esta baja en la inflación es sostenible o es apenas una pausa antes de una nueva tormenta? El consumo sigue retraído, la obra pública paralizada, y los salarios no logran recomponer poder adquisitivo. En ese marco, una inflación baja puede ser más reflejo de la recesión que de una política económica virtuosa.
Además, el dato llega en un momento de creciente desconfianza institucional. Gobernadores que ya no creen en las promesas del Ejecutivo, empresarios que postergan inversiones, y ciudadanos que miran los precios con escepticismo cada vez que visitan el supermercado.
La inflación de agosto puede ser un alivio técnico, pero no alcanza para cambiar el humor social ni para despejar las dudas sobre el rumbo económico. El gobierno necesita más que números: necesita credibilidad, diálogo y resultados concretos. Porque si la política no acompaña a la estadística, los datos se vuelven irrelevantes frente a la realidad cotidiana.
