El juez federal Patricio Marianello, quien dictó la medida cautelar que prohibió la difusión de audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se encuentra en el centro de una crisis institucional. Marianello enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual, además de acusaciones por abuso de poder, maltrato laboral y manejo irregular de recursos públicos.
La situación se agravó cuando se conoció que una trabajadora judicial lo denunció por haberla acosado fuera del horario laboral. Según su testimonio, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y finalmente se sintió obligada a mantener relaciones sexuales para poner fin al hostigamiento. La denuncia fue presentada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, y derivó en la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En paralelo, la doctora Susana Medina presentó su renuncia el pasado 28 de febrero a la Dirección del Instituto de Género de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, presidida por Marianello, en un gesto que muchos interpretan como una señal de rechazo ante el contexto que rodea al magistrado.
El Consejo de la Magistratura inició la investigación formal el 14 de agosto, y Marianello fue citado para ejercer su defensa. Tiene un plazo de 20 días para responder a las acusaciones. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias o incluso avanzar hacia un pedido de remoción.
