La causa Contratos Truchos, que investiga la sustracción de millonarias sumas de las arcas públicas mediante un sistema de contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana, volvió a ocupar el centro de la escena judicial. La jueza de Garantías Marina Barbagelata resolvió prorrogar la prisión preventiva de los 16 imputados que aún permanecen vinculados al proceso, en una audiencia que por primera vez reunió a todos los procesados en forma pública.
La decisión se produjo tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas, en un contexto marcado por el denominado “efecto Almada”: la reciente detención de Alejandro Almada, uno de los acusados, por haber violado las restricciones impuestas en su régimen de prisión preventiva. Este episodio generó un endurecimiento de las medidas y reforzó la necesidad de mantener bajo control a los imputados mientras avanza el juicio.
La prórroga de la prisión preventiva busca garantizar la continuidad del proceso judicial y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación. La causa, iniciada hace más de ocho años, se ha convertido en uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción administrativa en Entre Ríos, con un fuerte impacto político e institucional.
El hecho de que la audiencia haya convocado a los 16 procesados en forma conjunta marca un hito en el desarrollo del caso, ya que permite visualizar la magnitud de la trama y la cantidad de personas involucradas en un esquema que, según la acusación, desvió fondos públicos mediante contratos ficticios.
La resolución de Barbagelata reafirma la vigencia de las medidas cautelares y envía un mensaje claro: la Justicia entrerriana no está dispuesta a flexibilizar las condiciones de los imputados en un proceso que aún tiene instancias decisivas por delante.
En definitiva, el “efecto Almada” no solo expuso la fragilidad de las restricciones previas, sino que también aceleró la necesidad de mantener un control estricto sobre los acusados. La causa Contratos Truchos sigue siendo un espejo incómodo de las tensiones entre política, legalidad y poder, y la prórroga de la prisión preventiva confirma que el desenlace aún está lejos de resolverse.
