El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó su enérgico rechazo a las declaraciones del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
El funcionario afirmó que algunos abogados estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad en unidades penitenciarias. Estas declaraciones, según el Instituto, son infundadas y temerarias, afectando la imagen pública de la profesión y sembrando sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal.
Reclamo de los abogados
El Colegio de la Abogacía recordó que el ministro, como funcionario público, tiene el deber legal de formular denuncias ante la justicia si tiene conocimiento de hechos delictivos, en lugar de realizar imputaciones generalizadas en medios de comunicación.
Además, enfatizaron que el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda sin pruebas concretas.
Pedido de rectificación
El Instituto solicitó a Roncaglia que reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto por el trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para garantizar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales.
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