El Gobierno argentino inició negociaciones en el Congreso para aprobar un paquete de reformas en sesiones extraordinarias de diciembre, con tiempos muy ajustados y fuerte presión política.

El Gobierno argentino inició negociaciones en el Congreso para aprobar un paquete de reformas en sesiones extraordinarias de diciembre, con tiempos muy ajustados y fuerte presión política.

 

Estrategia a contrarreloj
El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario amplio que incluye el Presupuesto 2026, la modernización laboral, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Código Penal y cambios en la Ley de Glaciares.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió con legisladores de La Libertad Avanza para explicar los proyectos y coordinar la búsqueda de votos.
La reforma laboral aparece como la más conflictiva, ya que no cuenta con el apoyo de los principales sectores sindicales y empresariales.

Claves de la negociación
Oficialismo con minoría: La Libertad Avanza tiene 95 diputados, por lo que necesita sumar aliados de bloques provinciales y dialoguistas.
Gobernadores en la mira: el Gobierno busca apoyo de mandatarios provinciales para garantizar votos en ambas cámaras.
Presión de calendario: el objetivo es dictaminar y aprobar las iniciativas antes de fin de mes, lo que obliga a negociaciones rápidas y simultáneas.
Agenda múltiple: además de las reformas económicas y laborales, se incluyen proyectos ambientales y fiscales, lo que amplía el frente de debate.

Riesgos y tensiones
Tiempo limitado: apenas 20 días de sesiones para discutir reformas de gran impacto.
Resistencia sindical y social: especialmente frente a la reforma laboral y la flexibilización de normas ambientales.
Fragmentación política: la necesidad de acuerdos con bloques pequeños puede derivar en concesiones que diluyan el alcance de las reformas.
Exposición pública: el oficialismo apuesta a mostrar capacidad de gestión y rapidez, pero enfrenta el riesgo de ser acusado de improvisación o atropello institucional.

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