El Gobierno nacional desreguló los aranceles de las escuelas públicas de gestión privada mediante el Decreto 787/2025, permitiendo que fijen libremente matrículas y cuotas sin autorización estatal previa. La medida deroga una normativa vigente desde 1993.

El Gobierno nacional desreguló los aranceles de las escuelas públicas de gestión privada mediante el Decreto 787/2025, permitiendo que fijen libremente matrículas y cuotas sin autorización estatal previa. La medida deroga una normativa vigente desde 1993.

 

Decreto 787/2025: el Gobierno elimina el control estatal sobre los aranceles de colegios privados
El Gobierno argentino oficializó este martes la desregulación total de los aranceles y matrículas de los establecimientos educativos públicos de gestión privada, a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas exigía a las instituciones comunicar y solicitar autorización previa para modificar los valores de cuotas y matrículas.
¿Qué implica el nuevo decreto?
Las escuelas privadas podrán fijar libremente sus aranceles, sin intervención previa del Estado nacional.
Ya no será obligatorio informar ni justificar aumentos ante el Ministerio de Capital Humano.
La medida no afecta los subsidios provinciales que algunas jurisdicciones otorgan a colegios privados, los cuales seguirán vigentes según cada normativa local.
Fundamentos del Gobierno
Según los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la normativa derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a sus realidades económicas”, y que la desregulación permitirá “mayor flexibilidad para definir políticas de precios”.
Repercusiones
Entidades educativas privadas celebraron la medida como un paso hacia la autonomía institucional.
Sindicatos docentes y asociaciones de padres expresaron preocupación por el posible impacto en la accesibilidad y equidad educativa, especialmente en colegios con subsidios estatales.
Algunas provincias analizan mecanismos de control propios para evitar aumentos desmedidos.

La decisión se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia educativa, laboral y económica, con eje en la desregulación y reducción de la intervención estatal.

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