La decisión del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza de aceptar el amparo colectivo contra el PAMI marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos previsionales en Entre Ríos. Más de 152.000 afiliados entrerrianos quedaron expuestos a la reducción de medicamentos esenciales, en un recorte silencioso que no fue debatido, ni explicado, ni acompañado por alternativas.
Cuatro gremios nacionales, entre ellos ATE y UPCN, promovieron la acción judicial que busca declarar la inconstitucionalidad de la resolución del PAMI y garantizar la cobertura total y gratuita de los fármacos. El juez incorporó el reclamo entrerriano a un proceso colectivo que ya había dictado cautelares en otras provincias, reconociendo el carácter estructural del ajuste.
Este gesto judicial no es solo una medida técnica: es una interpelación directa al modelo de gestión que convierte derechos en variables presupuestarias. En Entre Ríos, donde la ruralidad y la vejez se entrelazan con la vulnerabilidad, el acceso a medicamentos no es un privilegio: es una condición de dignidad.
La memoria institucional del PAMI, construida sobre décadas de lucha previsional, no puede ser borrada por resoluciones administrativas. La salud pública no se gestiona con Excel, y los jubilados no son números. Son cuerpos, historias, recorridos que merecen respeto.
El silencio del organismo frente al reclamo gremial y judicial es tan grave como el recorte mismo. Porque cuando el Estado calla ante el dolor, habilita la impunidad. Y cuando la justicia escucha, la comunidad se fortalece.
