La 13ª Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo en Entre Ríos, que reunió a 17 senadores con quórum reglamentario, tenía en agenda el tratamiento del proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública (Expediente N.º 26.785). Sin embargo, lo que podía convertirse en una definición legislativa terminó nuevamente en una instancia de estudio: por unanimidad, los senadores decidieron que el expediente regresara a comisión.

El pedido fue formulado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), quien argumentó que su bloque quería realizar aportes adicionales al texto. La moción fue acompañada por todos los presentes, dejando en suspenso una iniciativa que lleva más de dos años de discusión desde que el gobernador Rogelio Frigerio la presentó en febrero de 2024.

El proyecto había obtenido una rápida media sanción en Diputados en agosto de ese año, aprobada por unanimidad. Uno de sus puntos centrales era el criterio del doble conforme, que impedía el acceso a cargos públicos a personas con condena confirmada por un tribunal superior, aunque aún pudiera existir recurso ante la Corte Suprema.

Sin embargo, en el Senado surgió una modificación: reemplazar el doble conforme por el concepto de sentencia firme, es decir, una condena que hubiera agotado todas las instancias judiciales, incluida eventualmente la Corte Suprema. Este cambio, advertido por la organización Entre Ríos Sin Corrupción, generó controversia y obligó a devolver el expediente a comisión en agosto pasado.

La discusión no es meramente técnica, sino política. En el centro del debate aparece la pregunta clave: ¿cuándo debe quedar inhabilitada una persona condenada para ocupar un cargo público? La diferencia entre doble conforme y sentencia firme puede determinar si un candidato con condena en segunda instancia puede presentarse o no.

Las organizaciones civiles agrupadas en la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción —que incluye a Entre Ríos Sin Corrupción, Club Político Argentino, Integridad Republicana, Justa Causa, Será Justicia, Profesores Republicanos y Asociación Civil Río Paraná— advirtieron días antes de la sesión que se trataba de una instancia decisiva. Para ellas, la ley de Ficha Limpia es una demanda histórica que busca elevar los estándares de integridad y evitar que personas condenadas por delitos graves accedan a cargos de representación.

La decisión del Senado de devolver el proyecto a comisión vuelve a colocar la discusión en el terreno de las postergaciones legislativas y en el campo de las decepciones ciudadanas. Lo que parecía un paso hacia la sanción de una norma clave para el fortalecimiento institucional se transformó en un nuevo capítulo de dilaciones.

En definitiva, la Ley de Transparencia y Ética Pública sigue atrapada en un laberinto parlamentario. Mientras tanto, la sociedad civil insiste en que la política debe dar señales claras de compromiso con la ética y la transparencia, y que no hay margen para seguir demorando una legislación que busca blindar la democracia frente a la corrupción.