La revelación del balance semestral de Mercado Libre expone una de las contradicciones más profundas del modelo libertario: mientras millones de argentinos se hunden en la deuda y la morosidad récord, el Gobierno de Javier Milei permitió que la empresa de Marcos Galperín obtuviera un beneficio fiscal equivalente a 42 millones de dólares.
El informe muestra que, durante el primer semestre de 2026, la compañía logró un ahorro de $68 mil millones en impuesto a las ganancias y contribuciones patronales, gracias a un esquema de beneficios impositivos que el oficialismo defiende como “incentivo a la inversión”. Sin embargo, el dato más inquietante es que casi el 65% de la facturación provino del negocio financiero, un segmento donde la empresa cobra tasas usurarias a las familias argentinas, atrapadas en un círculo de endeudamiento y exclusión.
La paradoja es brutal: mientras el Estado se priva de recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura, una de las corporaciones más poderosas del país multiplica ganancias a costa de los sectores más vulnerables. El crédito fácil ofrecido por Mercado Pago y sus billeteras virtuales se convierte en una trampa para millones de usuarios que terminan pagando intereses desproporcionados, en un contexto de salarios en caída y consumo deprimido.
El caso también desnuda la asimetría del sistema tributario argentino. Pequeñas y medianas empresas enfrentan cargas fiscales asfixiantes, mientras gigantes como Mercado Libre acceden a beneficios multimillonarios. La política oficial de “premiar al mercado” se traduce en un traslado de recursos públicos hacia corporaciones privadas, reforzando la concentración económica y debilitando la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales.
En el plano político, la decisión de Milei de sostener este esquema genera malestar incluso dentro de su propio espacio. La narrativa de “orden fiscal” y “equilibrio presupuestario” pierde fuerza cuando se conoce que el Gobierno resigna ingresos en favor de una empresa que ya domina el comercio electrónico y el sistema financiero digital. La oposición, por su parte, denuncia un regalo impositivo que contradice el discurso de austeridad y transparencia.
La Argentina de los endeudados se enfrenta así a una nueva injusticia: mientras las familias pagan tasas imposibles y los salarios se derrumban, el Estado libera a Galperín de una carga fiscal millonaria. El resultado es un país donde el crédito se convierte en un mecanismo de sometimiento y la política económica parece diseñada para beneficiar a unos pocos.
