El escándalo que rodea al legislador libertario Alberto Benegas Lynch (h) amenaza con convertirse en un terremoto político y financiero. Según reveló el portal Diagonales, su empresa Glocal Terra, dedicada a la venta de hectáreas a inversores extranjeros, accedió a un crédito de $120 millones otorgado por el Banco Nación en un contexto de máxima sensibilidad: el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Tierras.
La operación despierta múltiples interrogantes. Por un lado, la compatibilidad ética de que un legislador en funciones reciba financiamiento estatal para un negocio directamente vinculado con la normativa que él mismo discute en el Senado. Por otro, la magnitud del préstamo, que contrasta con las dificultades que enfrentan pequeños productores para acceder a líneas de crédito.
Pero el caso no termina allí. El mismo Benegas Lynch figura como gerente de su compañía y, en esa condición, se habría “fíado” a sí mismo más de $300 millones adicionales, dinero que aún no devolvió. Este doble rol de legislador y empresario expone un conflicto de intereses que erosiona la credibilidad del oficialismo libertario y alimenta las críticas de la oposición.
La polémica se inscribe en un momento clave: el Senado discute cambios en la Ley de Tierras, con fuerte presión social por evitar la extranjerización de territorios estratégicos. Que el principal impulsor de la flexibilización normativa aparezca beneficiado con créditos millonarios para vender tierras a extranjeros refuerza la percepción de que el proyecto responde más a intereses privados que al bien común.
En la Casa Rosada, el episodio genera preocupación política. El Gobierno intenta blindar la figura de Milei frente a las acusaciones de corrupción y favoritismo, pero la exposición pública de Benegas Lynch complica el discurso de transparencia y meritocracia. La oposición, en tanto, prepara pedidos de informes y evalúa impulsar una investigación parlamentaria.
El caso abre un debate más profundo: ¿hasta qué punto la política libertaria de “menos Estado” convive con la utilización de recursos públicos para negocios privados? La respuesta, por ahora, parece inclinarse hacia la contradicción.
