Un hecho alarmante sacude a la cárcel federal de Salta, donde durante un reciente allanamiento se descubrió una red de actividades ilícitas que funcionaba puertas adentro del penal. Según fuentes vinculadas a la investigación, se fraccionaban sustancias prohibidas dentro del establecimiento, lo que pone en evidencia un nivel de organización y connivencia preocupante.
Durante el operativo, en lugar de colaboración con las autoridades, se detectó un intento por ocultar pruebas claves: internos arrojaban celulares y otros elementos desde los pabellones, con la clara intención de evitar su secuestro. Esta maniobra no solo revela la presencia de tecnología no permitida en el penal, sino también una resistencia activa al accionar judicial.
Los celulares hallados son piezas fundamentales, ya que se presume que desde ellos se coordinaban operaciones externas, incluidas extorsiones, ventas ilegales y contacto con redes criminales fuera del penal.
Este hecho reabre una discusión urgente sobre el control real dentro de los establecimientos penitenciarios, las responsabilidades de los servicios de seguridad, y la urgente necesidad de una revisión profunda del sistema carcelario federal.
Desde los organismos judiciales se informó que la causa seguirá avanzando con nuevas pericias y pedidos de informes internos, mientras crecen las sospechas sobre posibles encubrimientos y participación de personal del propio penal.
