El Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica tras conocerse que Alan Pocovi, sobrino de Martín Menem, recibió $2.548 millones en adjudicaciones y prórrogas para realizar tareas de corte de pasto y desmalezado en rutas nacionales. La cifra, equivalente a más de $7 millones diarios, fue aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la firma de Marcelo Jorge Campoy, un exfuncionario del menemismo que volvió al organismo en 2024.

La empresa beneficiada, He Vras SRL, fue fundada en octubre de 2023 con un capital inicial de apenas $15 millones. Menos de dos años después, multiplicó 86 veces ese monto gracias a la licitación pública 2025‑07477937, que abarcó trabajos en las RN 178 y 188. Aunque el contrato estipulaba servicios solo para 2025, la compañía accedió a una prórroga por el mismo valor, consolidando un negocio redondo.

El caso genera suspicacias no solo por el monto, sino también por los vínculos familiares y políticos. La trama se conecta con otros episodios que involucran a los Pocovi, como la presencia de Kevin Pocovi en la comitiva presidencial en Mar‑A‑Lago junto a Javier Milei, pese a no tener cargo oficial. La respuesta de la Secretaría General, a cargo de Karina Milei, fue insuficiente: negó que formara parte de la delegación oficial, sin explicar cómo llegó a participar del viaje.

La investigación de medios como Diagonales y El Disenso expone un entramado de privilegios y contrataciones que recuerdan prácticas del pasado. El “clan riojano” vuelve a aparecer en escena, con apellidos que se repiten y negocios que se multiplican.

El escándalo abre interrogantes sobre el manejo de la obra pública bajo el gobierno libertario, que prometió austeridad pero mantiene adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas con familiares de dirigentes. La falta de transparencia en los pedidos de acceso a la información y la ausencia de explicaciones oficiales refuerzan la percepción de un sistema que favorece a los cercanos al poder.

En definitiva, el caso Pocovi‑Menem no es solo un contrato de desmalezado: es un símbolo de cómo las redes familiares y políticas siguen encontrando oportunidades en el Estado, incluso bajo administraciones que se presentan como rupturistas.