El informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, difundido en el marco del aniversario del primer Ni Una Menos (2015), vuelve a encender las alarmas: en el país se registraron 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas en la última década. La estadística es brutal: cada 30 horas una mujer es asesinada por razones de género.

La cifra no solo refleja la persistencia de la violencia machista, sino también la insuficiencia de las políticas públicas para prevenirla y erradicarla. El Observatorio reclamó el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes, como la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la fortalecimiento de programas de asistencia y acompañamiento.

El movimiento Ni Una Menos, que nació en 2015 como un grito colectivo contra los femicidios, se enfrenta hoy a un panorama que muestra avances en la visibilización, pero también retrocesos en la capacidad estatal de garantizar seguridad y justicia. La falta de recursos, la desarticulación de programas y la ausencia de respuestas rápidas ante denuncias siguen siendo obstáculos que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres.

El dato de 3.073 femicidios en diez años es más que una estadística: son historias truncadas, familias devastadas y comunidades atravesadas por el dolor. Cada caso es un recordatorio de que la violencia de género no es un problema privado, sino un drama social y político que exige respuestas urgentes.

La consigna “Ni Una Menos” se mantiene vigente y necesaria. El desafío es que el Estado y la sociedad transformen ese grito en políticas concretas, en prevención real y en justicia efectiva. Porque detrás de cada número hay una vida que no pudo ser protegida.