El Gobierno de Entre Ríos dispuso una profunda reforma en el régimen de servicios adicionales de la Policía provincial, luego del escándalo por los denominados “adicionales truchos” que reveló un esquema de recaudación irregular y manejo discrecional de fondos públicos. La medida, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, busca poner fin a los abusos y transparentar un sistema que durante años funcionó con escasa supervisión.

La causa judicial, a cargo del fiscal Gonzalo Badano, se originó tras la denuncia presentada por cinco oficiales —Ulises Aloy, Walter Rivero, Osmar Cané, Cristian Deharbe y Matías Villanueva— patrocinados por los abogados Rubén Pagliotto y José Antón Pastori. Según el expediente, determinados servicios adicionales eran registrados a nombre de agentes que no los cumplían, mientras el trabajo era realizado por personal de guardia utilizando móviles y recursos del Estado. El dinero, de acuerdo con la denuncia, se retiraba en efectivo y se redistribuía fuera de los canales administrativos.

El impacto institucional fue inmediato. En Concordia, donde el sistema de adicionales representa un complemento salarial clave, el malestar se profundizó. Efectivos denunciaron que los servicios “más rentables” estaban concentrados en pocas dependencias: el Corralón Municipal, el Sindicato de Camioneros de Camba Paso, la Riada Municipal, los peajes y hoteles turísticos como Ayuí y Tortuga Alegre. “Los servicios importantes ya tienen dueños”, resumió un funcionario policial bajo reserva.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial modificó el Decreto Nº 1729/19 mediante la nueva normativa Decreto Nº 1225/26, que establece reglas más estrictas. Solo podrán realizar adicionales los efectivos francos de servicio e inscriptos voluntariamente en un registro especial. Se prohíbe expresamente afectar a personal que esté cumpliendo guardias o funciones ordinarias, garantizando la integridad del sistema de vigilancia y evitando sobrecargas laborales.

El nuevo esquema también redefine la distribución de los ingresos: el 95% del monto será percibido directamente por el agente que realice el servicio, mientras el 5% restante se destinará al mantenimiento de móviles y recursos policiales. Además, se incorporó una cláusula que impide utilizar personal de guardia durante el tiempo que demande un servicio adicional.

Dentro de la fuerza, la decisión fue interpretada como un mensaje claro hacia las estructuras internas que manejaban los adicionales con discrecionalidad. “Se terminó el descontrol”, afirmaron fuentes policiales, destacando que la reforma marca el inicio de una etapa de mayor control y transparencia.

El escándalo, que comenzó con denuncias de policías excluidos del reparto, terminó obligando al Gobierno provincial a intervenir para establecer reglas claras en uno de los sistemas más cuestionados de la administración pública entrerriana.

La pregunta que queda abierta es institucional y política: ¿alcanzará esta reforma para recuperar la confianza y garantizar un sistema justo dentro de la Policía de Entre Ríos, o será apenas un capítulo más en la larga historia de irregularidades administrativas?