El gobierno de Javier Milei enfrenta cuestionamientos por el manejo de los fondos fiduciarios destinados a la red vial nacional. Según datos oficiales, se recaudaron más de $1,5 billones de pesos para financiar obras de infraestructura, pero solo una cuarta parte fue aplicada a su destino original.
El resto —más de $1 billón— terminó invertido en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos. La decisión transformó a los fondos viales en una verdadera “mesa de dinero”, con recursos inmovilizados en cuentas bancarias en lugar de ser utilizados para mejorar rutas y caminos.
La situación generó fuertes críticas de usuarios, gobernadores y empresas constructoras, que advierten sobre el deterioro creciente de la red vial y la paralización de proyectos estratégicos. El reclamo apunta a que los fondos fiduciarios fueron creados para garantizar obras, no para alimentar la rentabilidad financiera del Estado.
El contraste es evidente: mientras los recursos permanecen en bancos, la infraestructura vial se deteriora y las provincias reclaman inversiones urgentes. La polémica abre un debate sobre la ética en la administración de fondos públicos y sobre el modelo de gestión que prioriza la renta financiera por encima de la obra concreta.
