En una decisión que reconfigura el mapa político y económico del país, el Gobierno de Javier Milei oficializó el 22 de septiembre la baja de retenciones al 0% para el sector agroexportador. La medida, que había sido prometida en campaña pero revertida meses atrás, tendrá vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de 7.000 millones de dólares.
La resolución fue celebrada por las principales entidades rurales, que la calificaron como un “reclamo histórico atendido”, y por los grandes exportadores, que ven en esta decisión una oportunidad para maximizar sus márgenes en un contexto de apertura comercial. Sin embargo, el anuncio generó un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad trabajadora, que lo interpretan como una maniobra desesperada para atraer dólares, sin considerar el impacto social ni la equidad fiscal.
Una medida con historia y contradicciones
La baja de retenciones no es nueva en la gestión Milei. En julio, el Gobierno había reducido las alícuotas para varios productos del complejo agroindustrial, pero ante la presión fiscal y la caída de reservas, las volvió a imponer parcialmente. Esta nueva eliminación total, aunque efectiva, tiene carácter transitorio y está condicionada a una rápida liquidación de divisas: el 90% debe ingresarse en apenas tres días. Para muchos, esta urgencia remite a aquella frase de campaña: “saquen la plata del colchón”, ahora reformulada como “saquen los granos del silo”.
¿Quién se beneficia realmente?
Aunque el discurso oficial apunta a “liberar las fuerzas productivas del campo”, la medida no favorece a todos por igual. Los pequeños y medianos productores ya han liquidado gran parte de su cosecha, presionados por necesidades financieras y compromisos operativos. En cambio, los grandes cerealeros, que cuentan con capacidad de almacenamiento en silos y poder de negociación, son los principales beneficiarios. Ellos pueden esperar el momento más conveniente para exportar y aprovechar al máximo la eliminación de retenciones.
Este sesgo distributivo no pasa desapercibido. “No es una política para el campo, es una política para los que más tienen dentro del campo”, señalan desde federaciones agrarias que representan a productores familiares y cooperativas.
El contraste con las leyes sociales
Mientras se alivian cargas al sector más rentable del país, el Ejecutivo mantiene suspendida la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial. El argumento oficial es la falta de fondos, pero la contradicción es evidente: se renuncia a ingresos fiscales por miles de millones de dólares mientras se recortan partidas en salud, educación y asistencia social.
La oposición ya anticipó que pedirá explicaciones en el Congreso. Diputados del bloque Encuentro Federal y del Frente Amplio por la Justicia Social evalúan presentar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplimiento de deberes y desbalance fiscal injustificado.
Tensión social y clima de incertidumbre
En las calles, el clima es de creciente tensión. Mientras el campo celebra, la sociedad trabajadora se pregunta quién paga el costo de esta decisión. La inflación sigue golpeando el poder adquisitivo, los salarios públicos están congelados y los programas sociales se achican. La baja de retenciones, lejos de ser vista como una medida de desarrollo, se percibe como una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía.
La pregunta que resuena en sindicatos, organizaciones sociales y economistas críticos es clara: ¿puede un país sostener su equilibrio fiscal y su cohesión social si premia a los que más tienen mientras posterga a los más vulnerables?
