El Gobierno de Entre Ríos dispuso una medida inédita en el ámbito sanitario provincial: intimó a una trabajadora del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia a reintegrar más de $3,4 millones percibidos indebidamente en concepto de haberes. La resolución fija un plazo de 30 días para efectuar el recupero, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en caso de incumplimiento.

La decisión, comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, se enmarca en un proceso de auditoría interna que detectó irregularidades en la liquidación de sueldos. Según fuentes oficiales, la empleada habría cobrado sumas que no correspondían a su categoría ni a las funciones efectivamente desempeñadas.

El caso generó un fuerte impacto institucional en Concordia, donde el Masvernat es el principal hospital de referencia regional. La medida se interpreta como un mensaje de transparencia y control hacia el personal administrativo y sanitario, en un contexto de creciente presión sobre las cuentas públicas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el procedimiento busca “resguardar los recursos del Estado y garantizar la equidad en el sistema de salud”. El recupero de haberes indebidos, añadieron, será acompañado por una revisión más amplia de los mecanismos de liquidación salarial en hospitales y centros de atención primaria.

En el ámbito gremial, la intimación despertó preocupación. Delegados sindicales advirtieron que el caso podría sentar un precedente para otros trabajadores y reclamaron que se garantice el derecho a defensa de la empleada involucrada. “No se puede generalizar ni criminalizar al personal por errores administrativos”, señalaron.

El episodio abre un debate más profundo sobre la administración de fondos en el sistema sanitario entrerriano. Mientras el Gobierno busca mostrar firmeza en el control de gastos, persiste la tensión entre la necesidad de ordenar las cuentas y el malestar de los trabajadores por salarios que, en muchos casos, resultan insuficientes frente a la inflación.

La pregunta que queda instalada es política e institucional: ¿se trata de un caso aislado que busca ejemplificar, o estamos ante el inicio de una revisión más amplia de las prácticas administrativas en los hospitales públicos de Entre Ríos?