El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei por presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promovida por el mandatario en febrero de este año.
La causa se originó tras una denuncia presentada por los dirigentes Juan Grabois e Itai Hagman, quienes acusaron a Milei de haber participado en una maniobra de valorización artificial del criptoactivo, que derivó en pérdidas millonarias para miles de inversores. El token, que fue promocionado desde las redes sociales del presidente, se desplomó semanas después de su lanzamiento, generando sospechas sobre su origen y propósito.
¿Qué investiga la Justicia?
El fiscal Taiano ordenó:
• La imputación formal de Milei por su presunta participación directa en el proyecto $LIBRA.
• El análisis de conversaciones telefónicas y mensajes del presidente y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
• La revisión de vínculos con empresarios como Hayden Davis, Mauricio Novelli, Julian Peh, entre otros.
• La intervención de la Dirección de Investigaciones de Apoyo Tecnológico (DATIP), que ya trabaja sobre los celulares secuestrados el 6 de marzo de 2025.
Las pruebas en análisis
Los peritos informáticos están revisando:
• Mensajes en WhatsApp, Telegram, Instagram, X, LinkedIn y SMS.
• Llamadas realizadas y recibidas entre enero de 2024 y enero de 2025.
• Geolocalización de dispositivos en fechas clave.
• Contenido eliminado que podría haber sido recuperado.
¿Qué puede pasar?
Si se comprueba que Milei participó activamente en el lanzamiento del token con fines personales o políticos, podría enfrentar cargos por:
• Estafa
• Tráfico de influencias
• Abuso de autoridad
• Cohecho
La causa está en etapa de instrucción, pero ya representa una de las investigaciones más sensibles contra un presidente en ejercicio desde el retorno de la democracia. El impacto político podría ser profundo, especialmente en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza enfrenta una campaña golpeada por denuncias de financiamiento irregular y vínculos con empresarios cuestionados.
Desde la Casa Rosada, no hubo declaraciones oficiales sobre la imputación. Fuentes cercanas al presidente aseguran que se trata de una “operación política” y que Milei “no tiene nada que ocultar”.
La política argentina suma así un nuevo capítulo judicial, donde la tecnología, las finanzas y el poder se entrecruzan en una trama que aún está lejos de resolverse.
