En los tribunales de Concordia se desarrolla una investigación que sacude al sistema de asistencia alimentaria escolar. La excoordinadora departamental de comedores, Silvina Murúa, junto a familiares y empresarios locales, enfrenta imputaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a 37 comedores escolares. La causa, impulsada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, se vincula con allanamientos realizados en viviendas y comercios, entre ellos la firma Ahora Voy SRL.
La hipótesis fiscal sostiene que, desde enero de 2024, Murúa y su entorno familiar —su hermano Adrián, su hermana Vanesa y su cuñado Esteban Godoy— habrían direccionado arbitrariamente las compras de los comedores hacia determinados proveedores, beneficiando principalmente a los empresarios Iñaki y Martín Partarrié. El mecanismo, según la acusación, se habría concretado mediante maniobras de intimidación y persuasión sobre los responsables de las tarjetas de compra.
El rol de Guillermo Julián Quiroga aparece como clave en la trama: sin cargo formal, tenía acceso a la oficina de Coordinación de Comedores y ejercía control sobre dinero y mercadería cuyo destino final se desconoce. La fiscalía estima que el perjuicio económico asciende a $103.738.136, cifra que refleja la magnitud del presunto desvío de fondos destinados a la alimentación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Las conductas atribuidas fueron encuadradas en delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, en concurso real. El caso no solo pone en cuestión la transparencia en la gestión de recursos públicos, sino que también expone la fragilidad de los mecanismos de control en programas sociales esenciales.
La incógnita que se abre es inevitable: ¿logrará la Justicia esclarecer el destino de los fondos y garantizar que los comedores escolares recuperen la confianza perdida, o este escándalo marcará un retroceso en la política social de Entre Ríos?
