La imputación judicial de un empleado municipal de Santa Elena generó fuertes cuestionamientos en el ámbito político local y reavivó el debate sobre los criterios utilizados por la Justicia entrerriana en determinadas investigaciones.

Se trata de Marcelo Medina, un trabajador municipal con 32 años de trayectoria en la administración pública. Según se conoció, percibe un salario aproximado de 1.600.000 pesos mensuales, no posee automóvil ni motocicleta, vive en una vivienda heredada de sus padres y se moviliza diariamente en bicicleta para cumplir con sus funciones laborales.

A pesar de ese perfil, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa resolvieron imputarlo en una causa vinculada a hechos ocurridos durante el año 2015.

De acuerdo con la información difundida, Medina quedó a cargo de manera interina de la Contaduría Municipal cuando la entonces contadora se jubiló y la gestión encabezada por Daniel Rossi transitaba sus últimos días. La designación, sostienen sus defensores, se realizó ante la necesidad de garantizar el funcionamiento administrativo del municipio y bajo las previsiones contempladas en la Ley 10.027.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2015, asumió la intendencia Silvio Moreyra, quien decidió mantener a Medina en ese cargo durante toda su gestión. Sin embargo, quienes cuestionan la investigación remarcan que el exintendente no fue imputado en la causa, mientras que sí quedaron involucrados Medina y el propio Daniel Rossi.

Desde distintos sectores sostienen que la situación resulta llamativa porque la acusación no está relacionada con hechos de enriquecimiento ilícito ni con la apropiación de fondos públicos. Por el contrario, destacan que se trata de un trabajador de carrera que desarrolló gran parte de su vida laboral dentro del municipio.

Las críticas apuntan especialmente a que la investigación tendría un fuerte componente político y buscaría afectar la imagen de Daniel Rossi en un contexto de definiciones electorales. Quienes sostienen esta postura consideran que la causa intenta instalar sospechas sobre el dirigente santelenense a través de la imputación de un empleado municipal de larga trayectoria.

Al mismo tiempo, cuestionan que otros escándalos de corrupción de mayor impacto económico no hayan recibido, según su visión, el mismo nivel de atención o celeridad por parte del sistema judicial.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la independencia judicial, los criterios utilizados para impulsar determinadas investigaciones y los efectos políticos que pueden tener las imputaciones antes de que existan resoluciones definitivas.

Mientras la causa avanza en los tribunales, el caso de Marcelo Medina se ha convertido en un nuevo foco de discusión sobre la relación entre Justicia y política en Entre Ríos.